OBSERVAN LA NORMA DE TRANSGÉNICOS

El Ejecutivo aceptó que no estamos listos, ni tenemos los mecanismos técnicos para poder identificar si una semilla ha sido modificada o no genéticamente, pero rechazó que sea necesario esperar 10 años para alcanzar dicha tecnología y por eso decidió observar la norma aprobada en el Congreso, que proponía una moratoria de 10 años para los productos transgénicos.

El ministro de Agricultura, Jorge Villasante, señaló ayer que solo bastarían cinco años para establecer redes de filtración que minimicen el riesgo de introducir genes nuevos a especies emparentadas con plantas nativas y, por lo tanto, el plazo de 10 años para controlar y evitar el uso de productos genéticamente modificados es extremadamente amplio.

Además, el titular de Agricultura comentó que la ley observada tiene deficiencias que generan problemas en otras actividades relacionadas con la biotecnología y la medicina. De aprobarse, dijo, se estaría imposibilitando el ingreso de medicinas y vacunas obtenidas gracias a modificaciones genéticas. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio del Ambiente aseguraron que la propuesta de moratoria solo se refiere a crianza y cultivo de transgénicos y no afectaría a las medicinas ni a la investigación científica.

Asimismo, Villasante argumentó que aprobar la norma habría implicado el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Organización Mundial del Comercio, lo cual podría ocasionar demandas y sanciones. Y, por si fuera poco, se estaría afectando el comercio con Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia.

RECHAZOS
Jorge Prado, de Conveagro, expresó su descontento con la decisión del Ejecutivo y lamentó que hayan perdido la oportunidad de reconciliarse con los pequeños agricultores.

“Nosotros no estamos en contra del material genéticamente modificado en sí. El problema es que no está etiquetado y no hay mecanismos de control para evitar semillas que afecten nuestra biodiversidad. Además, no existen los profesionales que aseguren una gestión exitosa de este control y toma tiempo prepararlos. Esa es nuestra preocupación y por eso pedimos la moratoria”, afirmó Prado.

Coincidió con esta postura Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, quien cree que se están desatendiendo los pedidos de los ciudadanos, agricultores y cocineros en favor de la biodiversidad.

El país, comentó, necesita más de cinco años para discutir bien estos temas y preparar adecuadamente sus sistemas de control.

No todo está perdido
Para los agricultores de Conveagro, esta es solo una derrota temporal. A su entender, no todo está perdido porque existe un compromiso público por luchar en la defensa de la biodiversidad por parte de quienes integrarán el nuevo gobierno. “Tenemos un compromiso firmado en contra de esta política y a favor de la miniagricultura”, aseguró.

Además, dijo, se sienten optimistas con el futuro cercano porque el nuevo Congreso y la cartera del Ministerio de Agricultura estarán a cargo de personas que simpatizan con las políticas en defensa de la biodiversidad y en contra de esta observación que, según trascendió, no fue aprobada por el Ministerio del Ambiente.